Se define como la búsqueda del bien común mediante el progreso social integral, la equidad y la distribución imparcial de oportunidades y recursos, erradicando cualquier forma de segregación, exclusión o inequidad (Atienza & Aznar, 2025).
Fue a finales del siglo XX y comienzos del XXI cuando adquirió relevancia dentro de la filosofía educativa, con el fin de responder a la necesidad pedagógica de abordar los conflictos sociales del entorno cotidiano desde el aula, vinculando la teoría académica con la acción comunitaria para transformar dichas realidades y fomentando una postura crítica en el alumnado. En este marco, una pedagogía fundamentada en la justicia social exige la colaboración activa del estudiantado en su proceso de aprendizaje, motivándolo a cuestionar el currículo y a actuar frente a las desigualdades. En términos prácticos, implica adoptar metodologías docentes que conecten de manera profunda a los individuos con sus contextos socioculturales, propiciando experiencias formativas transformadoras que desmantelen prejuicios, estereotipos y mecanismos de opresión (Adams et al., 2016; Glynn & Spenader, 2020; Spitzman & Balconi, 2019).
En la didáctica de lenguas adicionales, este enfoque se ha articulado mediante diversas estrategias. Autores como Martínez Lirola (2021) y Paredes (2021) sugieren abordar la justicia social a partir de la justicia lingüística, analizando cómo el uso de la lengua puede convertirse en un vehículo de dominación o en objeto de discriminación hacia los hablantes. Complementariamente, se recurre a herramientas didácticas como el teatro del oprimido o la incorporación de textos auténticos que pongan de manifiesto la diversidad de la sociedad.
