Es la cualidad de los procedimientos de evaluación, implícita, por regla general, en los exámenes, sobre todo los exámenes oficiales, que tiene que ver con las consecuencias que acarrean los resultados del examen y el uso y la interpretación que de ellos se hace (Bachman & Palmer, 1996).
Es uno de los requisitos que contribuyen, según Bachman y Palmer (1996), a la utilidad de los exámenes junto con la validez, la fiabilidad, la viabilidad, la interactividad, y la autenticidad.
Se manifiesta en dos niveles: el nivel micro y el nivel macro. El primero afecta a los agentes implicados en la evaluación a título individual, es decir, a los alumnos y candidatos y a los profesores. El segundo, a la sociedad en general y a los sistemas educativos.
Puede ser positivo o negativo en cualquiera de los dos niveles anteriores. La evaluación impacta positivamente en los individuos, en la medida en la que proporciona información de retorno acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual puede redundar en el fomento de la reflexión sobre la práctica docente y en el consiguiente desarrollo del currículo. Sin embargo, puede resultar negativo cuando los agentes implicados orientan exclusivamente a ella y a sus resultados los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los efectos de la evaluación pueden repercutir sobre el sistema educativo y sobre la sociedad en general en virtud de su grado de validez. Si, por ejemplo, se crea un examen de ELE para discriminar a los candidatos que son capaces de cursar estudios universitarios con el español como vehículo de comunicación en las universidades de habla hispana y el sistema logra identificarlos, las consecuencias serán positivas para el candidato, las universidades de acogida y para la sociedad en general.
En función de la magnitud de su impacto, los exámenes de ELE se pueden considerar de alto perfil cuando sus resultados comportan importantes consecuencias para la vida de los candidatos. De igual modo, los exámenes oficiales pueden originar impacto en la sociedad (Wall, 2013) y contribuir a paliar los efectos nocivos de la corrupción o a medir la eficacia de los métodos de enseñanza que llevan a cabo los centros de enseñanza públicos y privados.
